El Consejo de Ministros español aprobó el pasado viernes 7 de enero el anteproyecto de Ley de Igualdad de Trato y no Discriminación, del cual ya hablamos anteriormente en este blog. Según la ministra de Sanidad, Leire Pajín, esta Ley "pretende completar el desarollo del artículo 14 de la Constitución". Su gran objetivo es garantizar la no discriminación por nacimiento, origen social, sexo o raza.
El Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes 7 de enero el anteproyecto de Ley de Igualdad de Trato y no Discriminación. La norma, que se encontraba en el programa electoral del PSOE, y que tiene como objetivo garantizar la no discriminación por nacimiento, origen social, sexo o raza, entre otros motivos, estaba prevista que se aprobara el pasado mes de diciembre de 2010.
La ley, según la ministra de Sanidad, Leire Pajín, "pretende completar el desarollo del artículo 14 de la Constitución", añadiendo la discriminación por discapacidad, edad u orientación sexual, entre otros colectivos, y creando recursos y herramientas que les protejan jurídicamente.
"El objetivo es construir una sociedad que no humille a nadie, más tolerante y dar una mejor cobertura legal a quien sufre discriminación», ha señalado Pajín, que ha destacado que esta ley nos sitúa al nivel de países europeos como Alemania, Holanda, Suecia o Austria, que ya disfrutan de normas "muy similares".
Personalmente, pienso que puede ser positiva la creación de esta ley, especialmente para unificarnos al nivel de muchos países de la Unión Europea, y luchar contra cualquier tipo de discriminación física.
La ministra ha advertido que con esta ley no se están creando nuevos derechos sino garantizando los que ya existen y que tampoco supondrá una modificación del código penal. "Es una norma integral y garantista para avanzar en la igualdad real y efectiva, una apuesta de futuro para la convivencia y cohesion social", ha concluido Pajín.
Para hacerla cumplir, la propia ley tiene prevista la creación de una "autoridad", que entraría en vigor en 2013, con el objetivo de tramitar aquellas quejas o denuncias que interpongan las personas que se hayan sentido discriminados
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