A pesar de la desaparición del ministerio de Igualdad, con el consiguiente ahorro de unos 900.000 euros al año, el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero continúa con el tema de la igualdad metido entre ceja y ceja. Esta vez parece que se trata de una iniciativa con peso y con sentido, no como muchas de las anteriores.
Pŕoximamente, en el período de sesiones parlamentarias veremos cómo el Gobierno envía a las Cortes el proyecto de Ley de Igualdad de Trato. La secretaria de Estado y anterior ministra de Igualdad, Bibiana Aído se encuentra a la espera que la Ley de Libertad Religiosa, ahora aparcada, viera luz verde. Es una normativa obligada por una directiva europea al respecto, pero, a diferencia de otros países, el Gobierno quiere añadir la discriminación por apariencia física a las tradicionales por sexo, origen étnico, religión, edad, discapacidad y orientación sexual. Se trata de evitar lo que se denomina discriminación múltiple: por ejemplo, mujeres discriminadas no sólo por el hecho de serlo sino por padecer también obesidad —el 38 por ciento de los españoles en edad laboral tiene sobrepeso—.
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